La etapa de quiebra representa uno de los momentos más críticos para las compañías que han atravesado un proceso de concurso mercantil. La Ley de Concursos Mercantiles (LCM) establece un marco normativo que regula la secuela procesal a seguir durante la liquidación de los bienes de una empresa declarada en quiebra, siendo la venta de activos una de las acciones centrales de dicho proceso. Esta etapa no está exenta de desafíos significativos y diversos que impactan directamente en la liquidación de los activos de la concursada.

Uno de los mayores desafíos en la venta de activos durante la quiebra es la depreciación del valor de los bienes sujetos a posible enajenación, lo cual además se acentúa dados los tiempos jurisdiccionales a que el síndico está sujeto para proceder con las enajenaciones de que se trate. La propia naturaleza de la quiebra generalmente se traduce en una rápida depreciación de los bienes que integran la masa concursal, especialmente en sectores donde la tecnología o el mercado avanzan a gran velocidad, lo que provoca que muchos activos pierdan valor económico a medida que el proceso judicial se prolonga. Esta situación coloca a los síndicos en una posición compleja, ya que deben además de que deben actuar con rapidez para evitar mayores pérdidas monetarias a la masa concursal, deben cumplir con los requisitos legales para obtener las autorizaciones judiciales necesarias antes de concretar la enajenación de los activos y cumplimentar la inmensa cantidad de requerimientos administrativos al tomar posesión de las compañías en quiebra y para su supervisión.

Además de la pérdida de valor por la demora, en muchos casos, los activos enfrentan un alto riesgo de deterioro si no se enajenan rápidamente. Algunos bienes como maquinaria, equipos industriales y propiedades pueden depreciarse por la falta de uso, mantenimiento insuficiente o incluso por condiciones ambientales desfavorables. Este deterioro físico incrementa aún más la dificultad de obtener un valor económicamente conveniente por estos activos que impacta directamente en el valor estimado de la masa concursal, las condiciones desfavorables del mercado para activos que han tenido que soportar este tipo de deterioro, pueden resultar en ventas forzadas a bajo precio, afectando los ingresos totales y, por ende, el pago a los acreedores de la quebrada contra la masa concursal.

No es ajeno al conocimiento jurídico que en diversos escenarios, las comerciantes en quiebra pueden poseer bienes que son considerados no liquidables por diversas razones, como lo pueden ser los bienes de uso indispensable o activos intangibles que pierden su valor si se venden fuera de la empresa. A su vez, esto implica la limitación de la cantidad de recursos a integrar a la masa concursal, complicando así el pago a los acreedores.

El conocimiento de los procesos de enajenación de activos concursales también constituye un reto importante en el contexto de los concursos mercantiles en México. La LCM prevé diversos mecanismos para asegurar la publicidad y la equidad en los procesos de enajenación, sin embargo, en la práctica es ampliamente conocido en el gremio de la insolvencia que los procesos de subastas no han sido suficientemente socializados al público en general, por lo que este desconocimiento generalizado constituye igualmente una limitante a que deben enfrentarse los síndicos.

Por otro lado, esta misma limitante se traslada a la falta de subastas públicas suficientemente accesibles, lo que puede generar percepciones de favoritismo o falta de competitividad para los posibles compradores, en la adjudicación de los bienes. Este aspecto es particularmente relevante en los procedimientos que involucran a grandes empresas o grupos corporativos, donde los intereses de múltiples acreedores, nacionales e internacionales, pueden entrar en conflicto.

Otro punto de primordial relevancia a estos particulares lo constituye los tiempos procesales del juzgado concursal en la etapa de quiebra. Si bien, los mecanismos de supervisión jurisdiccional están diseñados para garantizar la legalidad en los procesos concursales, en vista del interés público que debe salvaguardarse en los concursos mercantiles, la realidad es que algunos de estos retrasos ocasionan la ralentización de la venta de activos. Los juzgados concursales tienen una carga de trabajo considerable, lo que puede causar retrasos en la emisión de resoluciones que autoricen la enajenación de bienes, lo cual, sumado a la obligación de cumplimentar con todos los requisitos procesales, puede resultar en una pérdida de oportunidades de venta en condiciones favorables a la masa concursal.

Por último, otro de los retos significativos que encontramos en este tipo de procesos, es la incertidumbre jurídica que surge en relación con la titularidad y los derechos sobre ciertos activos que presuntamente formal parte de la masa concursal. Los escenarios en que las compañías entran en quiebra son inmensamente variados, en los cuáles se incluyen aquellos supuestos en que la quebrada se ha encontrado envuelta en litigios sobre la propiedad de determinados bienes, o que puedan estar gravados con derechos de terceros, lo que complica su venta y prolonga el proceso de liquidación. En estos casos, la necesidad de resolver los conflictos legales antes de proceder con la venta puede dilatar el proceso y afectar el valor de los activos involucrados.

La venta de activos durante la quiebra implica desafíos que requieren una gestión cuidadosa por parte de los síndicos, jueces y demás involucrados en el proceso. La rapidez en la liquidación, la transparencia en las ventas y la resolución de incertidumbres jurídicas son factores clave que influyen directamente en el éxito de esta etapa. Solo a través de una coordinación efectiva entre las partes, y de mecanismos que faciliten el cumplimiento de las disposiciones legales, se puede garantizar que el proceso contribuya a una resolución eficaz y equitativa para todos los afectados.