La Ley de Concursos Mercantiles (LCM) fue diseñada como un instrumento jurídico para atender la crisis de las empresas en situación de insolvencia. Sin embargo, desde su entrada en vigor en el año 2000, su aplicación práctica ha puesto de relieve una carencia fundamental: la ausencia de un mecanismo preconcursal que permita a los deudores reestructurar sus pasivos de manera preventiva, sin necesidad de que se configure plenamente el estado de insolvencia o de cesación de pagos.

La Ley de Concursos Mercantiles (LCM) fue diseñada como un instrumento jurídico para atender la crisis de las empresas en situación de insolvencia. Sin embargo, desde su entrada en vigor en el año 2000, su aplicación práctica ha puesto de relieve una carencia fundamental: la ausencia de un mecanismo preconcursal que permita a los deudores reestructurar sus pasivos de manera preventiva, sin necesidad de que se configure plenamente el estado de insolvencia o de cesación de pagos.

Uno de los aspectos menos desarrollados en el sistema concursal mexicano es el relativo al financiamiento del deudor durante el procedimiento. La Ley de Concursos Mercantiles carece de una regulación clara sobre lo que en el derecho comparado se conoce como Debtor-in-Possession Financing (DIP financing), es decir, el financiamiento otorgado al deudor que permanece en posesión de sus bienes y que resulta indispensable para mantener la continuidad de la empresa en crisis.

El concurso mercantil en la etapa de conciliación es un procedimiento judicial cuyo objetivo principal es la reestructuración de una empresa que atraviesa un estado de insolvencia derivado de la falta de liquidez en su administración, lo cual puede ser provocado por una multiplicidad de factores.

Gracias a la intervención de este despacho, el instituto para la protección al ahorro bancario fue absuelto de responder con su propio patrimonio por el pago de los créditos reconocidos en los concursos mercantiles y procedimientos de liquidación de las instituciones de crédito quebradas a partir de 2004. Interpretación de los artículos séptimo y undécimo transitorios de la ley de protección al ahorro bancario.

La crisis económica generada por la pandemia denominada COVID-19 es una realidad con la que vivimos no solo en nuestro país si no a nivel mundial, una crisis sin precedentes en nuestra historia actual y una crisis que implica grandes retos para la sociedad y para los gobiernos.

No es de conocimiento ajeno que muchas de las dificultades económicas alrededor del mundo que han venido en aumento desde marzo de 2020 tienen su origen en la pandemia provocada por el COVID-19. Este panorama económico adverso ha desestabilizado incluso a las economías líderes en el mundo y, claramente, México no es la excepción.